Siguiendo con la saga en la que buscábamos la INNOVACIÓN PÚBLICA, un hecho particular surgido en medio del caos provocado por la llegada del COVID-19 al país, hace que me formule esta pregunta. A pesar de algunas bajas significativas (como la ley de economía del conocimiento) se veía aún en funciones la página argentina.gob.ar, trámites a distancia (TAD) o el mismísimo GDE. Pero la publicación del decreto 338/2020 echa por tierra con toda esperanza de continuidad y lleva a preguntarme en qué quedarán las políticas de modernización del estado.
Siendo que, las palabras innovación y modernización parecieran ser sinónimos (de hecho con el actual gobierno la secretaría de modernización pasó a llamarse de innovación, llevándose consigo sus incumbencias), me lleva a continuar la búsqueda en esta misma línea.
Pero hagamos un poquito de historia, tal vez no tan publicitada ni conocida…
Uno de los pilares de la gestión de gobierno de Mauricio Macri fueron las políticas de estado en conectividad, comunicaciones y modernización. Las primeras las nombramos en la nota anterior, pero quiero detenerme en las políticas de modernización, cuyo punto relevante fue la implementación del Plan de Modernización del Estado, muy bien ejecutado por el ministro Andrés Ibarra.
En pocas palabras, era un plan a largo plazo tendiente a lograr un estado eficiente, al servicio de los ciudadanos y con empleados altamente calificados y eficientes. Si a eso le sumamos la estrategia nacional de gobierno abierto, agregamos además la total transparencia de los actos de gobierno.
La primera acción concreta fue la implementación de la Gestión Documental Electrónica (GDE) y la firma digital. Con esto se logró, a lo largo de la gestión, despapelizar paulatinamente a unos 200 organismos públicos, llegándose a generar alrededor de 17 millones de expedientes. Con la aplicación de otras herramientas como TAD (Trámites a Distancia), VUCE (Ventanilla única de Comercio Exterior), SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas) o mismo la página web argentina.gob.ar, se pudieron realizar a distancia mas de 2000 trámites. Otra de las herramientas, COMPR.AR, otorgaba transparencia total a las compras y licitaciones de los distintos organismos del estado. Esta política no alcanzó solo al gobierno nacional sino que se extendió a gobiernos provinciales y municipios.
Pero volvamos al origen de la nota… Entre las sombras del aluvión de decretos sancionados durante la pandemia aparece uno particular, el 338/2020 publicado el día 4/4/2020, y titulado como “Procedimiento de Contingencia”, en cuya letra habilita a los organismos a generar documentos con soporte papel ante eventuales fallos en el sistema generador de documentos electrónicos del GDE (GEDO).
La creación de expedientes en papel por motivos tan laxos le quitará trazabilidad al sistema GDE, y en muy poco tiempo más presenciaremos la muerte de la Gestión Documental Electrónica, de la firma digital, y consecuentemente de la transparencia en los actos de gobierno.
Realmente me cuesta pensar en que se volverán a ver empleados llevando carritos repletos de carpetas de un lado a otro entre reparticiones, en momentos en que la mayoría de los gobiernos del mundo están procurando utilizar tecnologías digitales para convertir ciudades enteras en Smart Cities. La habilitación del uso del papel en el estado nos recordará viejas temáticas como la no trazabilidad de un expediente, las pérdidas, los cajoneos, la falta de transparencia y la corrupción.
Si hacemos un paralelo con la actividad privada y nos imaginamos un “paso atrás” en tecnología nos encontraríamos con hechos impensables. Por ejemplo, un almacén de barrio dejando de utilizar un software para facturar y contabilizar el stock y volver a anotar con palitos en un cuaderno… O una línea de montaje automotriz haciendo a un lado procesos robotizados para volver a la producción artesanal… Absolutamente ridículo con solo pensarlo.
Para tomar tal medida se escucharon diversos justificativos, a saber:
Errores en la aplicación de generación de documentos electrónicos:
Pensemos algo: GDE estuvo en línea y con muy buenos resultados durante más de cuatro años. Ya comentamos la cantidad de expedientes procesados con la aplicación. Por supuesto, como en toda aplicación informática hubo interrupciones de servicio o problemas de diversos tipos, pero nada lo suficientemente grave e irresoluble como para justificar la baja de la aplicación. El área de soporte no tuvo grandes problemas en mantener al GDE operativo durante momentos críticos, y no veo los motivos por los cuales en éste momento fuera distinto. Cualquier demora operativa que hubiera no representará un tiempo mayor al hecho de generar el documento en papel, firmarlo manualmente y trasladarlo a mano de una repartición a otra.
Los nuevos funcionarios no están capacitados para el uso de la herramienta:
El sistema es muy fácil de utilizar, no requiere de mucha pericia. Quien alguna vez envió un correo electrónico o utilizó home banking no debería tener grandes problemas para generar documentos con el GDE. Y no es un dato menor que al día de hoy continúa trabajando personal de planta que lo venía utilizando desde el 2016.
El sistema de generación de documentos fue “hackeado”:
Este gobierno habla de “hackeo” con tanta liviandad como decir que en una casa hay fantasmas. Ya trataron de justificar una publicación no deseada en el Boletín Oficial como si el sistema hubiera sido “hackeado”. Me pregunto si el día en que los números del INDEC no les resulten satisfactorios dirán que es debido a un “hackeo”, o si hay hiperinflación dirán que “hackearon” el ministerio de economía. Así fuera real, es más sencillo resolver el problema que dar semejante paso atrás en modernización.
Hipótesis algo más realista:
Resulta llamativo que el momento en que fue publicado coincide con la exposición pública de los sobreprecios en las compras realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el PAMI. Del mismo modo, se están realizando compras de insumos como ser reactivos, respiradores, barbijos, etc., y en gran cantidad. Con la historia de corrupción política de nuestro país, ¿estamos ante un propósito específico de ocultar información que debería ser pública? ¿O algo tan simple como encubrir sobreprecios? Quizás... Los tres supuestos motivos anteriores no son lo suficientemente firmes, por lo que me quedo con esta teoría.
Como para finalizar, una reflexión…
La sociedad está comenzando a transitar una etapa en la que tendremos que evitar el contacto cercano. Para poder continuar desarrollando nuestras diversas actividades tendremos que valernos de tecnología digital y comunicaciones. Es totalmente necesario que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias y se muestren modernos, altamente tecnológicos y que tomen medidas en esa línea.
En nuestro país es un buen momento para buscar la continuidad de las políticas de modernización que se iniciaron en el año 2016 y fortalecerlas. Necesitamos un gobierno eficiente, transparente y altamente capacitado en el uso de tecnología. Destruir las políticas de modernización por el solo hecho de ser una “marca registrada” de Cambiemos no hace otra cosa que seguir hundiéndonos como sociedad. Y aún peor si es utilizado con el objeto de terminar con la transparencia. Los ciudadanos argentinos nos merecemos algo mejor.
Ing. Gabriel Fischer
Coordinador Equipo Banquemos Modernización